El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Salud, viene trabajando en una iniciativa normativa que busca que cualquier colombiano pueda cambiar su género en sus documentos de identidad, incluyendo a los menores de edad, a partir de los siete (7) años.
Según lo que se conoce de esta propuesta incluso los menores de edad podrán acceder al cambio sin el apoyo o acompañamiento[1] de sus padres, ante un notario y con un defensor de familia.
Esta polémica iniciativa ha generado un debate nacional particularmente en torno al derecho que se otorga a los menores en materia de identidad, un tema que sin duda no es menor, ni debe tomarse a la ligera puesto que conlleva consecuencias profundas en la vida del menor.
La cabeza de la cartera de Justicia, Angela María Buitrago, ha defendido el contenido del proyecto de Decreto, señalando que “hay que respetar los derechos que también se han consolidado a través de muchos años y siglos a los niños”.
Mientras que expertos de distintas áreas, como la psicología, plantean la falta de madurez de los niños para tomar una decisión de tanta relevancia, cuando se encuentran tanto en la infancia como en la adolescencia en un proceso de construcción identitaria.
Sin duda, la autodeterminación de la identidad de género conlleva una profunda reflexión y responsabilidad, que afecta no sólo al niño o niña que tome la decisión sino a la sociedad en general e incluso puede tener consecuencia en la prestación de los servicios por parte del Estado.
Nuestro sistema legal comporta una serie de regulaciones que buscan proteger los derechos e intereses del menor de edad. En el caso de la celebración de contratos la normativa nacional limita la capacidad legal del menor de edad; por tanto, no sería valida la celebración de un negocio jurídico por la sola voluntad de este.
Desde esa perspectiva, la iniciativa propuesta por el Gobierno nacional rompe con los pilares de la representación legal y entra en contradicción con normas relativas a la capacidad jurídica.
Igualmente, está en discusión si el Gobierno tiene facultades para regular este tema sin que exista una ley del Congreso de la República que establezca el marco legal para regular derechos fundamentales que impactan a los menores de edad.
Habrá que estar muy atentos a estas decisiones que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes.
